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EDITORIAL

Por: José Hernández

Con  voto dividido (4 a favor y 4 en contra) en el Tribunal Supremo del pasado mes de junio sobre la Orden Ejecutiva del Presidente Obama, dejó en el limbo a casi cinco millones de indocumentados, que no pueden beneficiarse con la extensión de DACA, o con la protección que recibirían los padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales (DAPA)

Ese voto de la máxima instancia legal de los Estados Unidos, ha causado malestar entre la comunidad indocumentada y hasta legal, no solo en los hispanos que son la mayoría, sino que también en otras comunidades, como la asiática y en menor cantidad algunos europeos que estarían aquí sin papeles legales.

Cuando fue llevado este caso hasta la última instancia que es la corte suprema, se esperaba que los magistrados desecharan el freno que fue puesto desde que un juez de Texas, acompañado de la anuencia de 26 estados, rechazaran la Orden Ejecutiva del Presidente Obama.

Pero al fallecer uno de los 9 magistrados de la corte suprema y al no ser repuesto por causas políticas, puesto que el congreso en su mayoría republicana no autorizó la terna propuesta por el presidente Obama. Y así con ocho magistrados solamente se llegó al día final de la votación, arrojando el resultado que ya la mayoría conocemos.

Se piensa que de haber aprobado la reposición del Juez que desgraciadamente falleció, el resultado final hubiera sido otro y probablemente positivo para las aspiraciones de las personas afectadas.

Ahora este caso se regresará al sitio donde inicialmente se propuso, o sea a Texas. Y de ser nuevamente trabajado legalmente volvería a recorrer todas las instancias legales del caso.

Al respecto creo que no hay vuelta para atrás y este caso no será revisado hasta después de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, donde comenzará nuevamente el jugo político y casi seguro que si hay una propuesta de Reforma Migratoria, esta Orden Ejecutiva seria archivada, porque claramente no podrá haber este asunto, si hubiera el trámite de una nueva disputa por la legalización de los más de 11 millones de personas que están aquí sin documentos.

O sea que definitivamente esto no se resolverá quizás hasta la próxima administración del nuevo presidente electo sea Hillary Clinton o Donald Trump. Y eso está por verse.